Hace un mes, cuando apenas arrancaba la ronda de elecciones primarias en Estados Unidos, el multimillonario Sheldon Adelson giró un par de cheques de cinco millones de dólares, cada uno, para financiar a un grupo que respaldaba la aspiración del expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich.
De un plumazo, Adelson revivió las posibilidades de Gingrich, que hasta ese momento se encontraba al fondo de una larga lista de aspirantes a la nominación del partido republicano y que contaba con muy poco apoyo popular.
Los dólares que sirvieron para financiar una agresiva campaña negativa contra el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y que fueron un factor decisivo en el triunfo de Gingrich en Carolina del Sur.
Lo anterior es solo un ejemplo de diluvio de fondos no regulados que está inundando la campaña electoral en EE. UU. y que, según muchos, terminará por desfigurar todo el sistema político del país.
Que un solo multimillonario pueda alterar el curso de una carrera electoral es consecuencia directa de una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia en 2010 en la que concluyó que no se podía imponer límite alguno en la cantidad de recursos que una persona o corporación podía gastar en apoyos al candidato de su predilección.
Algo nunca antes visto en la historia del país y que no tiene paralelo en el mundo desarrollado. Esa decisión dio vida a lo que se conoce hoy como ‘Super Pac’, o Supercomités de Acción Política.
Aunque los Super Pac no pueden estar ligados oficialmente a las campañas de los candidatos, en la práctica operan como sus caballos de batalla. De acuerdo con un artículo de The New York Times, la mayoría de estos Super Pac, de los que ya hay 250 en el país, están dirigidos por personas muy cercanas a los candidatos. Hoy, todos los aspirantes cuentan con uno o varios que los respaldan. Romney, por ejemplo, tiene a ‘Restore Our Future’, que ha recaudado 30 millones de dólares solo entre 200 poderosos contribuyentes.
Los ricos y las corporaciones, hay que aclarar, siempre han encontrado grietas en el sistema para verter sus dólares en las campañas políticas.
Hasta la decisión de la Corte de 2010, por ejemplo, si bien existía un límite de aporte máximo de 5.000 dólares por persona, existía la posibilidad de crear un grupo que respaldara una posición política como el derecho a la vida o al porte de armas. Y a través de estas apoyar al candidato que defendía esas tesis.
Pero la decisión del 2010 no solo eliminó ese límite sino que autorizó el apoyo directo a un candidato. Más grave aún, permitió que los aportes se hagan sin que sea necesario revelar su procedencia hasta el fin del año electoral, cuando ya existan ganadores y vencidos.
“La Corte autorizó y volvió legal que una persona o corporación compre influencia de manera legal. Ya se han gastado más de 100 millones de dólares en ataques negativos y ni siquiera sabemos de dónde vienen. Lo triste es que el público se opone a ello, pues sabe que con esto le están robando su voz”, dice el exsecretario de Trabajo Robert Reich.
Tal es el impacto de los Super Pac, que al presidente Barack Obama le ha tocado dar un giro de 180 grados en su estrategia frente a la reelección. Obama basó la financiación de su campaña del 2008 en donaciones directas de los ciudadanos, en su mayoría vía Internet. De hecho, a través de estas, batió un récord al recaudar casi 650 millones de dólares entre 3,2 millones de contribuyentes. Y en el 2010 se opuso a la decisión de la Corte. Pero esta semana dijo que aceptará donaciones a través de los Super Pac, para poder competir en igualdad.
